Hace unas semanas comentábamos sobre la ley que podría restringir el uso libre de Internet en España, misma que ahora ha sido aprobada por la Comisión Permanente del Congreso. En resumen:
«El gobierno se dio el poder de intervenir en todas las capas de Internet. ¿Tienes un sitio web que les molesta? Lo cierran. ¿Continúas con lo mismo? Te quitan el acceso a Internet».
Antes, la ley tenía el poder de clausurar sitios web que estuvieran bajo sospecha de cometer delitos (como el robo de propiedad intelectual, o los intentos de estafas), pero era necesario que les otorgaran una orden judicial para poder cerrarlos.
Sin embargo, ya no necesitarán la orden judicial; el Gobierno podrá cortar comunicaciones y redes (sí, eso incluye el Internet) en zonas concretas del país, con simplemente alegar que hay cualquier tipo de «alteración del orden público».
Cataluña, Cataluña
Es decir, es una forma cómoda de silenciar a juristas y activistas (¿alguien más leyó «Cataluña» entre líneas?). Por supuesto, esto es una reducción de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Nadia Calviño, Ministro de Economía en funciones, salió en defensa del nuevo decreto:
«La hiperconectividad nos hace más vulnerables ante los ciberataques contra infraestructuras críticas, el espionaje y otras ciberamenazas. Es necesario garantizar a los ciudadanos los mismos derechos en el mundo digital que en el analógico. Éste, y no otro, es el objetivo que persigue el Real Decreto de Ley. Se trata de una norma urgente, dada la situación política actual».
Como era de esperarse, no todos los grupos parlamentarios están de acuerdo con la decisión. Montserrat Bassa, portavoz del ERC, comentó:
«Permite que sea el Gobierno, y no un juez, el que corte el acceso a Internet, redes sociales y servicios electrónicos. Esto afecta de forma flagrante a la libertad de expresión; permitirá que el Gobierno censure fotos o contenidos en plataformas como Twitter y Facebook».
Con la modificación, el apartado 6 del Artículo 4° de la Ley General de Telecomunicaciones se erige de la siguiente manera:
«El Gobierno, con carácter excepcional y transitorio, podrá acordar la asunción por la Administración General del Estado de la gestión directa o la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional. […] Podrá afectar a cualquier infraestructura, recurso asociado o elemento o nivel de la red o del servicio que resulte necesario para preservar o restablecer el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional».
De esta forma, a quienes no están de acuerdo con el permiso auto-otorgado del Gobierno español, sólo les queda un recurso: plantear la inconstitucionalidad que representa el nuevo decreto y sólo tendrán hasta el 5 de febrero para hacerlo.
Por supuesto, si esto restringe la libertad de todos los ciudadanos españoles, sobre criptomonedas y Blockchain, mejor ni hablamos.
