Recientemente, el Consejo de Ministros de Cataluña aprobó un decreto real para prohibir que las administraciones públicas utilicen personal fuera de España y la Unión Europea.
Con esto, se han activado mecanismos que garantizan que ni los gobiernos autónomos ni locales utilicen la tecnología por fuera de los límites legales.
Al respecto, Carmen Calvo, Vicepresidenta del Gobierno de España, aclaró:
«Siete ministerios han intervenido en la elaboración del decreto ley de Seguridad en materia de Administración electrónica porque es muy técnico y complicado. El marco ha querido ser muy amplio y genérico, por eso no ha primado los conceptos sobre tecnologías concretas».
Dicho decreto se hará público el próximo martes, en el Boletín Oficial del Estado, y tendrá efecto inmediato.
La voz de Cataluña
Al respecto, Jordi Puigneró, Conseller de Políticas Digitales de la Generalitat, comentó:
«Sánchez está anunciando un golpe de Estado digital en Cataluña. Se ha desconectado, no sólo de Cataluña, sino del proceso social y digital del siglo XXI».
En junio, tras un año de estudios, la Generalitat de Cataluña aprobó la Estrategia Blockchain de Cataluña, en la que se asentaban las bases para crear una infraestructura con la tecnología Blockchain y generar casos de uso para el gobierno catalán.
Algunos de los proyectos planeados era el apoyo para el trasplante de órganos, así como compartir datos entre hospitales; la habilitación del derecho de donación de datos, por parte de un paciente, para que terceros tuvieran acceso a la información; el apoyo a la transición energética para impulsar el autoconsumo eléctrico, así como crear un canal de comunicación entre el Parlament y la Generalitat catalanes.
Las comunidades autónomas podían aplicar la tecnología que quisieran en su administración, gracias al principio de auto-organización de la Ley 39 de Procedimiento Administrativo y a la Ley 40 de Régimen Jurídico del Sector Público de 2015.
