Aunque Estados Unidos parece ser el foco de atención cuando se trata de falta de regulación sobre criptomonedas, lo cierto es que España no se queda muy atrás. Además, el país peninsular tiene el mayor volumen de Fintech por cada 1,000. Es decir, urge encontrar una regulación satisfactoria.
A largo plazo, la importancia de Fintech en España podría generar una fuente de inversión y empleo nunca antes vista; que también podrá ajustarse a las necesidades de los nuevos consumidores digitales.
Sin embargo, este crecimiento puede verse mermado por la falta de sustento legal, por lo que pocas empresas han querido explorar nuevas posibilidades de innovación. El campo en mayor riesgo es el de Blockchain, que ya tiene presencia en el sector inmobiliario y sanitario en España; pero sus aplicaciones son, en realidad, infinitas.
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Considerando lo que puede ofrecer Blockchain a España, se debe exigir la pronta respuesta para regular específicamente dos cuestiones.
1. Sandbox regulatorio
Esto se trata de las pruebas que se realizan sobre los modelos de negocios o softwares para que consigan su propia regulación. Gracias a estos sandbox (cajas de arena), las autoridades pueden explorar por completo las nuevas propuestas y decidir la forma de acomodarlas dentro del marco legal.
El objetivo es que estos sandbox también estén regulados, de manera que cuenten con el apoyo directo del gobierno, para conseguir:
- Velocidad y precisión regulatoria
- Posibilidad de que cualquiera presente su proyecto
- Que se detengan las especulaciones legales
- Innovar y luego regular; no a la inversa
2. Descentralización legal y responsabilidades perdidas
Una de las preocupaciones más difíciles de arreglar es que las personas comprenden quién será encargado final de los asuntos que antes estaban centralizados. Es decir, con Blockchain, los principales servicios dependerán de redes públicas, no de una institución particular.
¿Cómo, entonces, podría alguien presentar una queja o una denuncia? ¿Qué tipo de canal legal tendría que utilizar?
De acuerdo con Byzness, el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) no aborda a Blockchain, de hecho, esta tecnología choca con algunos de los principios clave del marco legal de la protección de datos, como puede ser el derecho al olvido.
3. Contratos inteligentes
El principal problema es que estos contratos están programados por técnicos en computación o softwares especializados, no por abogados. ¿Cómo se puede garantizar que el acuerdo no rompa alguna ley o incluso tenga validez jurídica?
Solucionando esos tres asuntos, España se pondría al nivel de Japón, Canadá, Singapur y Suiza. Requerirá de un trabajo en conjunto, tanto de las Fintech como de la sociedad y los consumidores, que se presione para que sea posible.
